Las actividades con drones son cada vez más demandadas, pero es necesario conocer a fondo el marco legal,  para evitar multas que pueden llegar a ser muy cuantiosas.

Son muchas las restricciones legales a las que, a día de hoy,  se enfrentan los RPAS para poder realizar vuelos,  pero aun con todas las limitaciones que marca la ley,  son también muchas las actividades con drones que se pueden realizar, que son de gran ayuda, que arrojan resultados de alta eficiencia, y que todavía son desconocidas por un gran sector de la población.

Con la regulación existente,  una empresa como es el caso de ACG Drone, puede realizar los siguientes trabajos aéreos con RPAS:

  • Actividades de investigación y desarrollo.
  • Tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la atmósfera.
  • Actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios.
  • Levantamientos aéreos.
  • Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales.
  • Publicidad aérea, emisiones de radio y TV.
  • Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento.

Hasta que no esté aprobada la reglamentación definitiva, por el momento estas operaciones sólo se pueden realizar en zonas no pobladas y en espacio aéreo no controlado.

Para realizar cualquiera de estos trabajos, es necesaria la presentación en AESA de una “Comunicación previa y Declaración responsable”,  en la que se declaran las características del RPA que se va a utilizar,  se describe el trabajo a desarrollar,  se especifica la empresa operadora y el o los pilotos, plan de seguridad, entre otros datos.

Los recintos cerrados como pabellones industriales o deportivos,  centros de convenciones… no forman parte del espacio aéreo y por lo tanto no están sujetos a la jurisdicción de AESA. En este caso,  son los dueños de esos recintos los que deciden si quieren realizar vuelos en su interior,  bajo su responsabilidad y condiciones.

No ajustarse al marco de la normativa puede hacer que seamos multados, dependiendo del caso,  de manera contundente.  En el caso de particulares,  las multas pueden oscilar entre 300€ y 2.000€.  Si se trata de una empresa que no puede justificar la legalidad de su vuelo,  la multa puede llegar a los 500.000€.

Si necesitas realizar un trabajo en el que crees que podría ser beneficiosa la intervención de un dron,  no dudes en contactar con nosotros.  Desde ACG Drone estaremos encantados de asesorarte y despejar todas las dudas que puedas tener.  Escríbenos un e-mail y cuéntanos.